¿QUÉ OCURRE CUANDO UN CONTRATISTA FIRMA UNA PRÓRROGA O UNA SUSPENSIÓN SIN DEJAR CONSTANCIA DE SUS DESACUERDOS PORQUE LA ENTIDAD SIMPLEMENTE NO LE PERMITE INCLUIIRLOS?
No es excepcional en la práctica, que modificaciones contractuales sean redactadas por la Entidad y presentadas al contratista en escenarios donde su margen real de negociación es mínimo. Negarse a suscribirlas o insistir en la inclusión de observaciones puede significar exponerse a cuestionamientos sobre continuidad de la ejecueción, presuntos incumplimientos o incluso imposición de medidas extremas como la caducidad.
En ese contexto, el silencio deja de ser una decisión libre y se convierte, con frecuencia, en una necesidad para garantizar la continuidad del contrato, obligando al contratista a asumir sobrecostos, retrasos o desequilibrios económicos imputables a la propia Entidad y sin mayores alternativas, pues las salvedades formuladas en la liquidación suelen peder fuerza frente a la suscripción previa de modificaciones que, al menos formalmente, no contienen reparo alguno.
AL RESPECTO EL CONSEJO DE ESTADO HA PRECISADO DE MANERA UNIFICADA QUE EL SILENCIO EN UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO EQUIVALE, POR SÍ MISMO, A UNA RENUNCIA DE RECLAMACIONES, PUES ESTA DEBE SER EXPRESA E INEQUÍVOCA Y, QUE LAS ENTIDADES ESTATALES NO PUEDEN CONDICIONAR LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES AL ABANDONO DE RECLAMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
Recalcó que la sola suscripción de una prórroga, suspensión o cualquier otro acuerdo modificatorio no impide al contratista formular válidamente reclamaciones posteriores relacionadas.
Si bien la Entidad debe cumplir con los fines de la contratación estatal, esta dinámica contraviene la prohibición contenida en el Art. 5.3 del EGEAP que impide condicionar la modificación contractual a la renuncia de reclamaciones. Aunque su vulneración acarrea la nulidad absoluta del Art. 44.2 ejusdem, en la práctica la presión que ejerce la Entidad no suele dejar evidencia verificable, convirtiendo la dominancia abusiva en un fenómeno jurídicamente reconocible, pero de difícil acreditación probatoria, agravada por el Art. 167 del CGP que exige al contratista demostrar la coacción o el condicionamiento mientras las prórrogas y suspensiones se interpretan como manifestaciones legítimas de autonomía privada.
Si los acuerdos guardan silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención de abandonar la diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito conservándose el derecho a hacer valer reclamaciones posteriormente.
No se trata de ignorar acuerdos modificatorios ni prescindir de su interpretación, sino cumplir con el deber de establecer, si del texto y contexto de cada modificación se desprende que las partes expresa e inequivocamente resolvieron la diferencia reclamada. Si se revela que la controversia fue efectivamente clausurada por voluntad conjunta podrá concluirse que la reclamación posterior carece de sustento.
Variándose el eje del debate probatorio al no depender exclusivamente de demostrar coacción o condicionamiento como única vía para preserver reclamaciones, sino que adquiere especial relevancia determinar si del contenido del acuerdo se desprende una manifestación clara, expresa e inequívoca de volunta dirigida a renunciar o transigir la controversia.[1]